La lucha silenciosa de la migración de jóvenes Venezolanos.

En una escala que parece haber tomado desprevenida a la comunidad internacional, el movimiento de ciudadanos fuera de las fronteras del país se aceleró de tal forma que ha sido calificado de crisis regional, comparable para algunos con los procesos experimentados a raíz de los conflictos en Siria y Myanmar. Algunas cifras sitúan la emigración en más de 4 millones de personas, de las cuales 550.000 se contabilizan oficialmente en Colombia. Expertos advierten que es necesario actuar de acuerdo con lo que señala el derecho internacional para fortalecer los sistemas de protección de quienes han tenido que abandonar sus hogares.

Comenzó hace unos años como un goteo y ya es una imparable avalancha. Las fronteras de Venezuela se han convertido en corredores a través de los cuales, a diario, miles de personas buscan un escape a la emergencia humanitaria que todavía no ha sido reconocida por el gobierno de Nicolás Maduro. Ya hay voces que comparan el éxodo a otros países –en particular a Colombia– con procesos como los experimentados a raíz del conflicto en Siria y de la expulsión de la comunidad rohingya, en Myanmar.

Las cifras, desde luego, son una evidencia contundente de la crisis migratoria: oficialmente, de acuerdo con la Dirección General de Migración Colombia, más de 550.000 venezolanos se han trasladado a la nación vecina, aproximadamente la misma cantidad de refugiados sirios que ha sido acogida en Jordania y el mismo número de rohingyas que han huido a Bangladesh. “Observamos una migración forzosa que, en el lenguaje de la cooperación humanitaria, se define como el movimiento fuera del lugar de origen con carácter temporal o permanente, que por lo general tiene dos características: que es a gran escala y que tiene un carácter involuntario; las personas no se van porque quieren, sino porque es la única respuesta que consiguen ante factores extremos”, explica Beatriz Borges, responsable de la línea de investigación de migrantes y refugiados del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.

En diciembre Angil González, de 28 años de edad, se convirtió en uno de los 25.000 venezolanos que se calcula que a diario cruzan el Puente Simón Bolívar, en la frontera con Cúcuta, en su caso para no volver. Vivía en Acarigua y se dedicaba al mercadeo digital, área en la que, como trabajadora independiente, le iba bastante bien, cuenta, hasta que a su madre le diagnosticaron cáncer de mama. “Allí se me empezó a complicar la situación porque el dinero no me alcanzaba para cubrir los exámenes y los tratamientos. Todos los días la inflación hacía más elevado el costo de las consultas. Aunque ganaba mil veces más que cualquiera, no me daba abasto”.

En la actualidad vive en Funza, Cundinamarca, donde consiguió trabajo en su área, por lo que ya se considera establecida y mucho menos preocupada que cuando llegó, especialmente luego de que el gobierno colombiano extendiera el permiso especial de permanencia para los venezolanos que hubieran llegado a ese país antes del 2 de febrero. Uno de sus planes a corto plazo es poder llevarse a su familia.

En estos casos, la decisión de migrar constituye una medida desesperada, de acuerdo con la socióloga Claudia Vargas, de la Universidad Simón Bolívar. “Los venezolanos están viendo en la emigración la posibilidad de cumplir sus expectativas mínimas de vida. Estamos hablando de lo más básico: alimentación, salud, y no salimos de ahí. Esa es la razón por la que ahora estamos viendo una emigración de estratos socioeconómicos más pobres: la gente se va porque es la única opción que se tiene para poder mantener a la familia que está aquí en Venezuela”, señala la investigadora especializada en el tema.

Carolina Jiménez, directora adjunta de Investigación de la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional, puntualiza: “Estamos ante todo frente a una crisis de derechos humanos. Si los venezolanos gozaran de las garantías fundamentales a las que tienen derecho como ciudadanos de su país –salud, alimentación y libertad de expresión, entre otras– no se verían forzados a abandonar sus casas y comunidades para intentar sobrevivir en otros lugares”.