El desastre original
Tanto la incapacidad para contener la corrida cambiaria y la prisa por acudir al Fondo Monetario Internacional como las metas de inflación fallidas y el crecimiento del déficit fiscal a pesar de las quitas de subsidios forman parte de una bola de nieve que comenzó el propio gabinete de Mauricio Macri semanas antes de asumir su mandato.
La corrida a Kicillof
Los coletazos de la crisis 2008, la crisis del sector externo, la demanda interna de divisas para ahorro y producción, la caída de las exportaciones, la fuga de capitales, el turismo y el litigio con los fondos buitre que impedía el financiamiento externo, habían provocado una merma importante en las reservas del Banco Central (BCRA). Producto de ello, en el año 2011 el Ministerio de Economía, con el aval de la Presidencia, restringió la venta de dólares, limitando la entrega de divisas para la importación a través de ciertos condicionamientos. Al año siguiente, las medidas restrictivas prácticamente se triplicaron pero recién en 2014 tomaron estado público-mediático y se metieron en la mesa de las familias argentinas.
El 20 de noviembre de 2013 Axel Kicillof asumió como Ministro de Economía y al poquito tiempo, en enero del año 2014, sufrió la primera corrida cambiaria. Meses después, en julio 2014, Cristina denunció un complot interno desestabilizante y quien se hizo cargo de ello fue Juan Carlos Fábrega, Presidente del BCRA. Desde el BCRA habían filtrado información sobre la reducción del 30% al 20% en las posiciones en moneda de las entidades bancarias. Con la información en sus manos, los bancos HSBC, Morgan, Citibank y Galicia junto con la petrolera Shell forzaron una devaluación que les propició ganancias de hasta el 2000% respecto del año anterior. Según Página 12, las entidades bancarias giraron utilidades por 427 millones de pesos en enero 2013, y por casi 10 mil millones de pesos en enero 2014. Esto produjo un proceso devaluatorio y consecuentemente inflacionario. El mercado le manifestó a Kicillof, ni bien asumió, cuál era el límite de lo regulable. En octubre de 2014 renunció Fábrega a la presidencia del Banco Central.
El pan en la mesa
El Ministerio de Economía decidió entonces aumentar los controles sobre la venta de divisas, no simplemente por la corrida, sino para evitar el peligro que conlleva enfrentar al sistema financiero y a la gran burguesía sin reservas. Alfonsín puede dar cuenta de ello. Desde ese momento TN, Clarín, Morales Solá, el as del liberalismo-Las Cañitas Longobardi, Lanata y el futuro ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay - que tampoco despreció las felaciones de Fantino en América - inundaron las sobremesas argentinas con términos que hasta hace quince minutos nadie conocía: cepo cambiario, dólar blue, DJAI, Martín Tetaz. El “cepo de Kicillof” (que no inventó Kicillof) se había transformado en la vedette de la economía doméstica. El dólar blue no era más que el dólar que se vendía en el mercado negro, pero que ahora parecía dominar todos los valores de la economía. O al menos, eso nos hacía creer el JP Morgan boy.
Aquí comienza el desastre: Prat Gay, (párrafo aparte merece el gran símbolo oligárquico de ponerle “Hacienda” al Ministerio de Economía) convence en su raid mediático a propios y extraños que la salida del cepo no tendría efectos inflacionarios. De marzo 2014 a septiembre 2015, el precio del dólar oficial oscilaba entre los 8 y los 9 pesos mientras que el blue oscilaba entre los 13 y los 15 pesos. Prat Gay insistía en que la totalidad de las operaciones se hacían a dólar blue, de manera que el congelamiento de la economía y la devaluación - que no se trasladaría a precios - pondrían a la inflación en un dígito en sólo dos años. Detrás de las cortinas se escondía la Sociedad Rural, que presionaba para devaluar la moneda y liquidar las cosechas a mejor precio, pero la devaluación no significaba una ganancia directa para los terratenientes y las exportadoras si no se modificaban los regímenes de retenciones. Esta encrucijada, que Prat Gay, Macri y Sturzenegger resolvieron de la peor manera posible, dio luz al desastre originario. Y esto sucedió por aquella variable que, por razones imaginables, el gabinete de Cambiemos omitió: el precio del pan en la mesa.
Peores que los malos
Si repasamos los casi 140 años de historia Argentina desde que la conocemos como estado-nación moderno, hallaremos coincidencias en las ideas económicas de la inmensa mayoría de los gobiernos: modelo de acumulación agrario, liberalización de la moneda, apertura de la economía, deuda pública. Pero pocos gobiernos decidieron comenzar su mandato con un shock devaluatorio, liberales o peronistas, tomando en cuenta lo que eso conlleva para la economía argentina (excluyendo la devaluación de Duhalde, absolutamente necesaria para la salida de la convertibilidad).
No obstante, la dictadura de Onganía (1966-1970) comenzó con inflación y estancamiento del PBI, cuadro que el ministro de Economía Salimei no pudo revertir. En el 67, tras la renuncia del ministro, tomó el cargo Adalbert Krieger-Vasena argumentando que la única manera de salir del estancamiento era mediante una devaluación. Pero el empresario tuvo en cuenta que el pan en la mesa de las argentinas y los argentinos es el bien-salario del obrero y la trabajadora, porque aquello que más riqueza (y divisas) genera para las arcas del estado es también aquello que más consumimos los argentinos: comida. Por eso, el aumento del precio de los alimentos reduce automáticamente el resto de los consumos.
Krieger-Vasena diseñó un instrumento que llamó “devaluación compensada”. Consistía en regular las exportaciones de alimentos a través de retenciones, para evitar que la devaluación del 40% de la moneda repercuta de lleno en los precios de la comida. Si se quitan las retenciones, el productor de alimentos vende al mercado interno al mismo precio que vende al mercado externo, es decir a “precio dólar”. Entonces la retención no es simplemente un instrumento fiscal, sino además un instrumento dinámico que permite al estado regular el precio de los alimentos en el mercado interno. Por lo tanto, si se devalúa la moneda un 40% y se quitan las retenciones, los alimentos aumentan, aproximadamente, un 40%. Krieger-Vasena liberó los precios de la exportación para los productos “no-tradicionales”, y equilibró mediante retenciones el precio de los “tradicionales”, es decir, de la exportación de alimentos. Entonces, el congelamiento salarial sumado a la regulación del precio de los alimentos produjo una merma de la inflación que era, en definitiva, el objetivo del economista.
El desastre
La devaluación de la moneda con quita de retenciones a los alimentos es la bola de nieve. Todo comienza allí. Todo el resto del desastre es consecuencia de ello y de apagar con alcohol el fuego. Porque si el congelamiento de la economía producía una disminución notable de la inflación, entonces podría compensarse el estancamiento. Pero la decisión cobarde de Macri y Prat Gay, que cedieron a las demandas de todos los grupos corporativos, produjeron el shock devaluatorio para entregárselo al mercado financiero y la quita de retenciones para la Sociedad Rural Argentina, originó la estanflación del primer año que golpeó a Cambiemos en la línea de flotación.
Luego, el alcohol al fuego: las pymes que importaban insumos para producir a ocho pesos por dólar comenzaron a importar a catorce encareciendo notablemente los costos de la producción nacional. La quita de subsidios a las tarifas (o simplemente tarifazos) debían reducir el déficit fiscal y por lo tanto, según el mundo monetarista, reducir la inflación. Pero a los tarifazos se los comieron la quita de retenciones y los intereses de la deuda, de manera que la única variable realmente negativa que Cambiemos había heredado, el déficit fiscal, se agravó peligrosamente. Además, la deuda externa más las LEBACS superan el 60% del PBI en poco más de dos años de gestión. Finalmente, como un elefante en un bazar, desorientado por su propia estupidez, el gobierno acude al Fondo Monetario Internacional en busca de 20 mil millones de dólares, que es menos del 10% de lo que ya obtuvo como deuda y que se fugó o se utilizará para pagar intereses de deuda. Es que, en realidad, el gobierno legitimó, mediante el organismo internacional, el plan de ajuste que le exige el Banco Central desde que Sturzenegger le ganó la batalla a Prat Gay y tuvo que enfrentarse con Marcos Peña y Quintana. El ajuste (reforma laboral, privatización del sistema jubilatorio, reducción de salarios y empleos) se llevará a cabo así el gobierno tenga que mancharse las manos con sangre (nuevamente) porque sólo de esa manera se sostiene el acuerdo con el FMI.
Y aunque parezca increíble, la capacidad productiva argentina, cosecha de la gloriosa llanura pampeana, le permite al gobierno que aún pueda corregir el rumbo del desastre. Corregirlo mínimamente, para evitar una verdadera crisis de gobernabilidad. Pero la estabilización sólo admite la vuelta al régimen de retenciones móviles y Macri está dispuesto a hacer crujir el estómago del pueblo antes que tocarle unos pesos a la oligarquía de su barrio.